El Derecho y los menores transexuales (II Encuentro Estatal de Familias)

Javier Maldonado Molina

Vocal Junta Directiva de Chrysallis 


Descárgate la comunicación en pdf: Comunicación Chrysallis II Encuentros

Sumario: 1. El “paternalismo” de los poderes públicos en asuntos relativos a los menores transexuales: injerencias y omisiones. 2. La recomposición del “ser” jurídico y personal del menor transexual. 3. Los menores transexuales en el ámbito registral. 3.1. La rectificación de la mención registral relativa al sexo. 3.2. El cambio del nombre. 4. Los menores transexuales en el ámbito educativo. 5. Los menores transexuales en el ámbito sanitario

 1. El “paternalismo” de los poderes públicos en asuntos relativos a los menores transexuales: injerencias y omisiones

 Los menores transexuales vienen siendo víctimas de varias injusticias en el ámbito legal, derivadas en esencia de unos poderes públicos que ejercen un “paternalismo” mal entendido, sumado a un importante grado de ignorancia (cuando no de otros prejuicios) hacia el fenómeno de la transexualidad por parte de esos mismos poderes públicos que han de velar por el interés superior del menor, conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor (art. 11.2), en la que se establece que en su aplicación primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (art. 2). Sin embargo, ese “paternalismo” mal entendido propicia que si la injerencia de los poderes públicos en los asuntos relativos (1) al libre desarrollo de la personalidad y (2) a la vida privada de las personas transexuales mayores de edad ya es excesiva, cuando se trata de transexuales menores de edad se incremente aún más; y paradójicamente, ese paternalismo se traduce en una desprotección, al apenas preverse medidas específicas para conseguir la efectividad de los derechos fundamentales de los menores transexuales.

En este foro no hay que recordar que conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos[1], existen varios derechos fundamentales que pueden verse vulnerados según el tratamiento que den los poderes públicos a las personas transexuales: el respeto a la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Es indiscutible que todos los menores (también los transexuales) son titulares de esos derechos fundamentales recogidos en la Constitución y en la Convención Europea de los Derechos Humanos, entre otros textos legales. Veamos ambos derechos por separado, analizando en qué medida los poderes públicos pueden interferir en ellos.

1.- El derecho al libre desarrollo de la personalidad es la libertad que tiene todo ser humano a ser “cada uno”, la facultad inherente a toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni injerencias injustificadas, impedimentos o menoscabos por parte de los poderes públicos. Dicho de otro modo, es el derecho que tiene cada persona a desarrollar su personalidad de manera libre, como quiera. Y cuando se trata de menores, ese derecho supone que es el propio menor quien debe decidir cómo quiere ser: ni el Estado, ni siquiera sus padres, pueden decidir por él. Por ello según tiene declarado el Tribunal Supremo, por un lado “el componente axiológico que anida en la tutela del interés superior del menor viene íntimamente ligado al libre desarrollo de su personalidad, de suerte que el interés del menor en decidir sobre su futuro (…) constituye una clara manifestación o presupuesto del desarrollo de su libre personalidad que no puede verse impedida o menoscabada”; y por otro lado, se trata de un ámbito en el no cabe la representación por parte de los padres: “el poder de representación que ostentan los padres, que nace de la ley y que sirve al interés superior del menor, no puede extenderse a aquellos ámbitos que supongan una manifestación o presupuesto del desarrollo de la libre personalidad del menor y que puedan realizarse por él mismo[2]. Por consiguiente, a los menores transexuales, ni los poderes públicos ni sus padres pueden obligarles a manifestarse y conducirse conforme a un género que no se corresponde con su sexo neuropsicológico. El interés superior de los menores transexuales, al que deben atender los poderes públicos, consiste precisamente en que se respete y se haga posible su deseo de desarrollarse durante su infancia y adolescencia conforme al sexo sentido como propio.

2.- El artículo 8 del Convenio de Roma[3] impone el respeto a la vida privada y familiar, y prohíbe la injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, salvo que esté previsto en la ley y constituya una medida necesaria para proteger determinados bienes o valores, entre los que no hay ninguno que afecte específicamente a los menores transexuales. Y en similar sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada” (art. 16). La injerencia del Estado o de las Comunidades Autónomas en materias relacionadas con la identidad sexual, y que por tanto al derecho al respeto de la vida privada y familiar, debe ser excepcional. Como advierte el artículo 8 de la Convención, sólo se admite tal injerencia cuando “sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de terceros”. ¿Acaso afecta a la seguridad de un país, a su economía o perjudica a alguien que una persona (sea mayor o menor de edad) pretenda ser tratada legalmente conforme se siente?.

Esos bienes o valores que relaciona el Convenio de Roma ni siquiera amparan que los poderes públicos impidan la rectificación del género que consta en el Registro Civil. Al respecto, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), en su conocida sentencia de 17 septiembre de 2007, advirtió que “la concepción del sexo como estado civil se debilita, y abundan ya los tratamientos científicos de la cuestión en los que se sostiene que el sexo no es un estado civil, sin perjuicio de señalar la relevancia jurídica que todavía tiene. Desde esta perspectiva, sobre todo teniendo en cuenta la última legislación, no podría ampararse en la determinación del sexo por razón de la aplicación de los caracteres del estado civil (orden público, inoperatividad, indisponibilidad, peculiaridades procesales) una respuesta negativa a la cuestión que nos ocupa ni cabría ver en la acción de modificación una «acción de estado», en sentido propio, por más que el sexo forme parte de la identificación de la persona, conste en el Registro civil (donde no sólo se inscriben estados civiles) y las acciones dirigidas a la modificación o a la rectificación adquieren ciertas peculiaridades” (FD 4º). Acerca de esas posibles injerencias externas por parte de los poderes públicos, la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene declarado que “hay que reconocer al individuo que sufre la patología denominada “disforia de género”, la facultad de conformar su identidad sexual de acuerdo con sus sentimientos profundos, con sus convicciones de pertenecer a otro sexo, pues de otro modo ni se protege su integridad, ni se le concede la protección a la salud, ni se trata adecuadamente el derecho a la imagen y a la intimidad familiar. Se trata, en una palabra, de dejar que el libre desarrollo de la personalidad se proyecte en su imagen y se desarrolle dentro de un ámbito de privacidad, sin invasiones ni injerencias” (FD 4º de la citada sentencia de 17 septiembre de 2007). Como se ve, no se excepciona de todos esos derechos fundamentales a los menores transexuales, ni se amparan las injerencias por el hecho de que la persona sea menor de edad.

 

Por todo lo expuesto, desde la asociación Chrysallis exigimos a los poderes públicos que hagan posible el respeto a la dignidad de los menores transexuales, que se arbitren las medidas necesarias para que puedan desarrollar libremente su personalidad durante su infancia y pubertad conforme al sexo sentido como propio, y que se garantice igualmente su derecho al respeto a su vida privada, tanto por la sociedad como por los mismos poderes públicos. En esa línea, trabajamos para que los poderes públicos (y el resto de la sociedad) comprendan que el interés superior de los menores transexuales no debe suponer “no intervenir”, porque eso es precisamente lo que puede causar daños a los menores transexuales. En los casos de transexualidad no cabe la no intervención. El no arbitrar las medidas precisas para permitir que el menor pueda desarrollarse en su entorno y en todos los ámbitos (particularmente el registral, el educativo y el sanitario) conforme a su género cerebral, perjudica su derecho a desarrollarse en lo personal de manera libre: le hace interiorizar una vergüenza que no debería sentir, y con ello aprende a disimular y vivir una infancia y adolescencia que no se corresponde con su identidad sexual. Y es evidente que todos tenemos solo una infancia y adolescencia, y además que se trata de un periodo de la vida determinante para cualquier persona.

2. La recomposición del “ser” jurídico y personal del menor transexual

En estos Encuentros no es preciso recordar que los menores transexuales son niños o niñas que al nacer son sexados atendiendo a sus genitales, como el resto de recién nacidos, pero que pertenecen a una minoría en los que esa sexación resulta errónea por no coincidir con la que deriva del sexo neuropsicológico que se formó durante su gestación.

Esa discordancia entre sexo neuropsicológico (que determina la identidad sexual) y el sexo genital, conlleva que desde el nacimiento la inscripción registral se haya realizado también erróneamente en cuanto al nombre y al género, lo que genera en los menores una auténtica situación de desconcierto durante sus primeros años de vida, hasta que de una u otra forma, empiezan a dar señales que nos permiten advertir cuál es su identidad sexual. Hasta que se detecta esta situación, su desarrollo de la personalidad como niños y niñas se ha visto coartado: en mayor o menor medida no ha sido libre. Si a partir de entonces (es decir, desde el momento en que la familia detecta esos indicios de la discordancia, y además los sabe interpretar) se opta por no actuar, se mantendrá ese menoscabo al libre desarrollo de la personalidad conforme al sexo sentido como propio.

Y si se opta actuar, si se decide comenzar el conocido como “tránsito social”, los padres o tutores debemos afrontar la tarea de recomponer de manera artesanal, paso a paso, el “ser” jurídico y personal de nuestros menores, en los ámbitos registral, educativo y sanitario, a fin de evitar que sigan siendo identificados oficialmente con un nombre y género que no sienten como propios, y a fin de evitar que la llegada de la pubertad acentúe aquella discordancia.

En ese momento es cuando los representantes de los menores comprueban que legalmente esa tarea no es fácil; que no sólo no existe una legislación estatal que aborde de manera integral las distintas materias que afectan a los menores transexuales, sino que la normativa aplicable a los diferentes sectores que nos resultan determinantes (fundamentalmente el registral, el educativo y el sanitario), en términos generales no contempla las necesidades de los menores transexuales, y por tanto no les da solución específica e integral. A ello se añade que dado que parte de las materias de interés para la recomposición legal y para el “tránsito social” son competencia de las Comunidades Autónomas (v. gr. educación o salud), resulta que el lugar donde resida el menor puede determinar que su infancia y -sobre todo- su pubertad pueda convertirse en un auténtico calvario.

Por otro lado, con demasiada frecuencia existe desacuerdo entre los padres acerca de las decisiones a tomar relacionadas con la identidad de género de los menores, especialmente cuando los progenitores están separados o divorciados, lo que es un obstáculo añadido si el menor no ha alcanzado aún suficientes condiciones de madurez para actuar por sí mismo, que generalmente se sitúa en los doce años, edad a partir de la cual se entiende que los menores tiene capacidad natural para decidir sobre lo concerniente a los derechos de la personalidad y pueden actuar sin la representación legal de sus padres (art. 162 del Código civil)[4]. En tales casos, la Ley tampoco ofrece una solución lo suficientemente ágil (como sería atribuir la competencia para resolver ese desacuerdo a la autoridad encargada de resolver la petición respecto de la cual ha surgido la discrepancia), sino que para resolver las controversias surgidas en el ejercicio de la patria potestad entre los progenitores, es preciso seguir previamente un procedimiento de jurisdicción voluntaria, según establece la d.t.10ª de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial[5].

Veamos las distintas actuaciones a abordar por los representantes de los menores transexuales, en esa tarea de rectificación y reasignación de los caracteres de su personalidad jurídica asignados erróneamente al nacer, y en conseguir que se den las condiciones adecuadas para que sea posible el libre desarrollo de la personalidad del menor conforme a su identidad de género, con respeto a su derecho a la privacidad y a la salud. Comenzaremos con el intento de rectificación de los datos que constan en la inscripción de nacimiento en el Registro Civil: el sexo erróneo que se le asignó al nacer, y el nombre que se le dio en concordancia con ese sexo.

3. Los menores transexuales en el ámbito registral

3.1. La rectificación de la mención registral relativa al sexo

Con ocasión de la Ley 3/2007 se cometió una ignominia con los menores transexuales, al quedar excluidos de la misma. En el Congreso de los Diputados sólo dos grupos parlamentarios (Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana) plantearon como solución intermedia al expediente gubernativo regulado en la nueva Ley, un mecanismo de jurisdicción voluntaria en el que la rectificación de la mención registral del género de los menores se instrumentara a través de un procedimiento judicial ante el juez encargado del Registro Civil, con informe del Fiscal[6]. Y en el Senado lo reiteró el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés[7]. Sin embargo, el grupo parlamentario entonces mayoritario (el socialista) nada hizo por incluirlos, mientras que el Grupo Parlamentario Popular propuso expresamente su exclusión[8].

Finalmente, como es sabido, la legitimación para solicitar la rectificación mediante el expediente gubernativo que prevé aquella Ley se limita a “Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello” (art. 1), con lo que a las personas transexuales menores de edad solo les queda como vía para conseguir la rectificación en el Registro, la vía judicial (contenciosa) que prevé el artículo 92 de la todavía vigente Ley del Registro Civil de 1957, esto es, el mismo cauce al que antes acudían los mayores edad: interposición de demanda contra el Ministerio Fiscal. Desde el punto de vista procesal, la competencia objetiva y funcional para conocer de esa demanda corresponde al Juzgado de Primera Instancia que por turno resulte. Y puesto que no está prevenido un fuero territorial específico, el menor demandante tendrá facultad de elección entre el fuero de residencia del menor, o el del demandado[9]. La demanda debe sustanciarse por las normas del juicio ordinario, a tenor de lo prevenido en el art. 92 de la todavía vigente Ley del Registro Civil de 1957, conforme al cual las inscripciones sólo pueden rectificarse por sentencia firme recaída en juicio ordinario. Una vez entre en vigor la Ley del Registro Civil de 2011 (en principio, si no hay nuevo aplazamiento, está prevista para el 15 de julio de 2015)[10], la rectificación judicial de los asientos se ha de efectuar en virtud de resolución judicial firme de conformidad con lo previsto en el nuevo artículo 781 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ella misma añade (art. 90).

En Chrysallis sólo nos consta un caso en que se haya utilizado esa vía, encontrándose a fecha de hoy pendiente de resolución. Por tanto, los menores transexuales no pueden acogerse al expediente gubernativo (o al procedimiento registral que prevé la nueva Ley del Registro Civil de 2011; art. 91) que  permite rectificar en el Registro Civil la mención relativa al sexo (y el cambio de nombre) con tal de acreditar que se tiene “diagnosticada disforia de género” y que se lleva dos años sometido a tratamiento hormonal, sin tener que interponer demanda ni contratar los servicios de abogado y procurador. Se trata de un procedimiento que quisiéramos para nuestros menores, a pesar de que esa Ley parte de una concepción patológica de la transexualidad absolutamente criticable, por lo que esperamos que si en algún momento fuera objeto de reforma, se amplíe la legitimación a los menores transexuales. Hasta la fecha, en Chrysallis tenemos noticia de dos menores cuyos padres (socios nuestros) han intentado esta vía, sin que hayan prosperado las solicitudes por la falta de legitimación antes apuntada, si bien no queremos dejar de subrayar que en ambos casos el Ministerio Fiscal no se opuso a la solicitud.

3.2. El cambio del nombre

La exclusión de los menores de la Ley 3/2007, lleva a que muchas familias opten por promover la incoación de expedientes gubernativos de cambio del nombre propio, para al menos minimizar el riesgo de exposición pública, de situaciones en las que queda puesto de relieve públicamente (en los numerosos ámbitos de la vida en los que se precisa acreditación) que oficialmente figuran con un nombre propio que evoca un género distinto al que muestran y psicológicamente tienen. Son situaciones que conllevan un menoscabo de la dignidad de los menores transexuales, y de su derecho a la privacidad e intimidad. En el caso de los menores y adolescentes, el sufrimiento que deriva de esa exposición pública se encuentra especialmente agravado por las complicaciones propias de esa etapa de su vida y el particular entorno de la adolescencia.

Para obtener el cambio de nombre en el Registro (y en última instancia en el DNI y en el pasaporte), los padres promueven ese expediente ante el Registro Civil correspondiente al domicilio del menor, acreditando que el nombre solicitado es el nombre usado habitualmente (art. 209 del Reglamento del Registro Civil), sin que haya perjuicio de tercero y concurriendo justa causa (art. 210 del Reglamento del Registro Civil). La justa causa reside en la necesidad de garantizar la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del menor transexual cuyo cambio de nombre de solicita (art. 10.1 CE), así como su derecho a la intimidad y a la propia imagen (art. 18 CE), y el derecho al respeto de su vida privada (arts. 12 Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales), valores constitucionales y derechos fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos (art. 53 CE), estando sujetos los poderes públicos a la Constitución (art. 9.1 CE), debiendo interpretarse las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE).

En la mayoría de los casos de los que Chrysallis tiene constancia, los jueces titulares de los Registros acceden al cambio de nombre solicitado. Sin embargo, algunas solicitudes son denegadas porque el artículo 54 de la todavía vigente Ley del Registro Civil de 1957, tras indicar que “En la inscripción se expresará el nombre que se da al nacido”, advierte que “Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona, los que hagan confusa la identificación y los que induzcan a error en cuanto al sexo”, sosteniendo algunos titulares de Registros que la prohibición de nombres “que induzcan a error en cuanto al sexo” implica que no es posible el cambio de nombre de una persona transexual cuyo sexo registral no ha sido previamente modificado.

Sin embargo, en nuestra opinión ello nos es impedimento, por las siguientes razones:

a) No hay que obviar que ese mismo art. 54 LRC advierte que “Quedan prohibidos los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona”, y para el menor transexual (como para el mayor que aún no ha rectificado la mención registral del género) el nombre que consta en el Registro Civil ha devenido perjudicial de manera objetiva, en tanto que le supone un obstáculo en el respeto y protección de su dignidad, del libre desarrollo de su personalidad, del derecho a su intimidad y del derecho a su vida privada.

De ese modo, en el conflicto entre la prohibición de nombre que “induzcan a error en cuanto al sexo” y nombres “que objetivamente perjudiquen a la persona”, ha de prevalecer el respeto a los derechos fundamentales que impone el art. 53 CE a todos los poderes públicos. Como señalara la Fiscalía del Tribunal Supremo en el Informe que emitió en el recurso de casación que dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo de 17 septiembre de 2007: “en una ponderación de los intereses que se hallan en juego, han de prevalecer los valores de respeto y protección a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad”.

b) La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, advierte que “primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir” (art. 2), imponiendo a los poderes públicos como principios rectores de su actuación, “La supremacía del interés del menor” y “La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal” (art. 11). En interés del menor transexual, los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para evitar el perjuicio que supone para dichos menores el ser identificados oficialmente con un nombre que no se corresponde con el que usan habitualmente ni con el que se sienten identificado, lo que les genera una vulneración en su dignidad al someterse a la humillación pública referida, una vulneración en sus derechos a la intimidad y a la vida privada, al verse obligados a dar explicaciones sobre su condición, y un menoscabo en su derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su identidad sexual.

c) En ese conflicto entre procurar el respeto efectivo a los valores y derechos fundamentales que se ven vulnerados por el nombre registral (lo que implica que ese nombre registral objetivamente perjudica a la persona) y el interés superior de los menores, frente a la prohibición de nombres que “induzcan a error en cuanto al sexo”, ha de prevalecer la primera. Y no puede hacerse valer en defensa de esta última prohibición que nos encontremos ante una cuestión de “orden público”, porque como ya hemos recordado, el propio Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en aquella sentencia 17 de septiembre de 2007, advirtió que “no podría ampararse en la determinación del sexo por razón de la aplicación de los caracteres del estado civil (orden público, inoperatividad, indisponibilidad, peculiaridades procesales) una respuesta negativa a la cuestión que nos ocupa”, dado que “la concepción del sexo como estado civil se debilita, y abundan ya los tratamientos científicos de la cuestión en los que se sostiene que el sexo no es un estado civil, sin perjuicio de señalar la relevancia jurídica que todavía tiene”, no obstante constatar que “se va disponiendo la irrelevancia del sexo en el tráfico jurídico” (FD 4). Y es que felizmente hoy día es posible incluso el matrimonio entre personas del mismo sexo.

d) A mayor abundamiento, a los efectos de la necesaria interpretación de la norma acorde a la realidad social (art. 3 Código civil), esa prohibición de nombres que “induzcan a error en cuanto al sexo” que contiene el art. 54 de la Ley del Registro Civil de 1957, debería estar derogada desde el 22 de julio de 2014, fecha en la que debería haber entrado en vigor la nueva Ley del Registro Civil de 2011 (d.f.10ª), de no ser porque por razones puramente organizativas, su entrada en vigor ha quedado pospuesta hasta el 15 de julio de 2015. Y la nueva Ley del Registro Civil de 2011, acoge expresamente el “Principio de libre elección del nombre propio” (artículo 51), señalando que:

 

El nombre propio será elegido libremente y sólo quedará sujeto a las siguientes limitaciones, que se interpretarán restrictivamente:

1.º No podrán consignarse más de dos nombres simples o uno compuesto.

2.º No podrán imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de la persona ni los que hagan confusa la identificación.

3.º No podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido.

Por tanto, desaparece cualquier referencia a la prohibición de nombres que “induzcan a error en cuanto al sexo”, prohibiéndose sin embargo nombres que “sean contrarios a la dignidad de la persona”, que es precisamente en lo que ha devenido el nombre registral de la persona transexual.

e) De otro lado, este principio de libre elección del nombre propio que rige en la materia[11], es reflejo de un Estado “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad”, según proclama el artículo 1º de la Constitución, norma suprema en cuyo artículo 9.2 se impone “a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. De ese modo, los menores transexuales no han de ver limitado el catálogo de nombres a escoger sólo entre los nombres ambiguos o indeterminados para uno y otro género, como mecanismo indigno al que debían recurrir antaño, sino que el respeto a su derecho al libre desarrollo de su personalidad, y al derecho a su vida privada y familiar, no admite injerencias de los poderes públicos en la elección de un nombre plenamente acorde con su sexo psicológico, como expusimos al inicio de esta comunicación.

Por todo lo anterior, desde Chrysallis abogamos por una interpretación del artículo 54 LRC que permita el efectivo respeto de los derechos fundamentales de las personas transexuales (menores o mayores), así como por la inmediata entrada en vigor del artículo 51 de la Ley del Registro Civil de 2011, en vacatio legis. Entre tanto, tendremos que seguir estando a lo que decida cada juez, si bien como decimos mayoritariamente acceden por considerar acreditada la existencia de justa causa.

4. Los menores transexuales en el ámbito educativo

En Chrysallis consideramos que el respeto a los derechos fundamentales del alumnado transexual en el ámbito educativo, pasa por que los Centros educativos adopten cuatro medidas elementales y de puro sentido común. La inmensa mayoría de los Centros educativos en los que se plantea esta situación responden favorablemente a la misma, haciendo suyas estas medidas que en ocasiones recomendamos expresamente desde la Asociación. En la actualidad contamos con más de cincuenta Centros educativos trans-friendly.

Son las siguientes:

1ª. Sin perjuicio de que en las bases de datos de la Administración competente se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales, los Centros deben procurar adecuar la documentación escolar del alumnado transexual al nombre elegido por éste, en especial en la documentación de exposición pública (listas de clase, boletín informativo de notas, carnet de estudiante, etc.), respetando su derecho fundamental a utilizar libremente el nombre elegido en todas las actividades docentes y extraescolares que se realicen en el Centro, incluidos los exámenes.

2ª. La Dirección del Centro debe indicar al profesorado y personal no docente del Centro que se dirijan al alumnado transexual con el nombre elegido.

3ª. Se debe respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del Centro conforme al género neuropsicológico.

4ª. Se deben arbitrar las medidas precisas para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que pudieran producirse por razón de identidad de género.

Son unas medidas similares a las que contempla la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía en su extenso artículo 15 (aunque también son de interés otros preceptos, como sus arts.16 y 19)[12], desarrollado pormenorizadamente por el Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz[13], que aunque fue elaborado en julio de 2014, continúa sin embargo pendiente de entrada en vigor, pese al comienzo del curso escolar. Sobre ese Protocolo, al igual que respecto a la Ley andaluza, desde Chrysallis queremos que conste nuestro reconocimiento a la labor desarrollada por la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, y en particular por su Presidenta, Mar Cambrollé.

También se asemejan a las “Recomendaciones para docentes” que en septiembre de 2013 propuso la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias[14]. En cuanto a ese protocolo (que más bien son recomendaciones), no compartimos que se fije una edad mínima del menor de seis años: se refiere a que si “su identidad de género es estable (6 años de edad minima)”; ni tampoco que, como parece, se condicione la aplicación de estas recomendaciones a que exista una constancia en el tiempo: señala que “Los criterios para la integración contemplan que se trate de un caso muy claro, con una constancia en el tiempo (3 o 4 años de disforia) y con un malestar probado”. En Chrysallis tenemos experiencias de menores que con tres años de edad ya comienzan la educación infantil habiendo iniciado su tránsito social, y realizan su integración escolar conforme al sexo sentido como propio con total normalidad y felicidad, por lo que en nuestra opinión estos criterios temporales carecen de todo sentido. Igualmente no comprendemos cómo en esas recomendaciones se hacen afirmaciones que pueden inducir a error a las familias: concretamente afirma que “legalmente no se puede cambiar el nombre hasta los 18 años”, cuando eso no es cierto.

Existen otras disposiciones autonómicas que aunque de una manera genérica, también abordan el tratamiento de la transexualidad en el sistema educativo. Es el caso de Navarra, que regula la cuestión en los artículos 12 a 14 de la Ley Foral 12/2009, de 19 noviembre, de derechos de los Transexuales de Navarra, y que en esencia es seguida por la Ley 14/2012, de 28 junio, de derechos de las personas transexuales del País Vasco (arts. 16 a 18). De modo incidental, en otras Comunidades Autónomas también se alude al alumnado transexual, al regular las posibles situaciones de discriminación o acoso por razón de identidad de género. Es el caso de Aragón (arts. 2, 20 y 53 del Decreto núm. 73/2011, de 22 de marzo, que establece la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón), de Galicia (art. 26 de la Ley 2/2014, de 14 abril, de libertad sexual de Galicia. Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia), y de la Comunitat Valenciana (art. 8 de la Orden núm. 62/2014, de 28 de julio, por la que se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y establece los protocolos de actuación e intervención ante supuestos de violencia escolar).

De otro lado, aunque también genéricamente, la propia legislación estatal sobre educación permite respaldar la integración del alumnado transexual en los Centros educativos con respeto al sexo sentido como propio, de forma que puedan desarrollarse en ese ámbito conforme al mismo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, entre los que está la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, se inspira en principios tales como la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, teniendo como fines el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado (cf. sus arts. 1, 2, 17 y 23). Y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, califica en su artículo 78 como falta muy grave, las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, advirtiendo que llevarán asociadas como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del Centro.

5. Los menores transexuales en el ámbito sanitario

Aunque lo abordamos en último lugar, es evidente que el tratamiento que se dé al ámbito sanitario a los menores transexuales es vital, para su desarrollo como adolescentes y como adultos. En este campo, desde Chrysallis mantenemos que deben seguirse los siguientes principios:

1º. Despatologización. Como declaró el Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de diciembre de 2012 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, los transexuales no son enfermos mentales: la transexualidad no es un trastorno mental ni de comportamiento. Y por ello, conforme a los Principios de Yogyakarta, los poderes públicos deben optar por garantizar el derecho a la autodeterminación de género de todas las personas (incluidos los menores) en todos los ámbitos, incluido el sanitario.

2º. Reconocimiento al derecho a recibir tratamiento hormonal durante la pubertad. Es intolerable que en algunas Comunidades Autónomas no se admita el uso de “bloqueadores” ni la administración de tratamiento hormonal hasta la mayoría de edad (¡dieciocho años!), momento en el que obviamente los efectos de ese tratamiento son mucho menores que si se administran antes de que el desarrollo físico sea casi completo e irreversible, obligando además a los menores transexuales a pasar por un calvario durante una etapa tan difícil como la adolescencia.

Por tal razón, es digno de elogio el reconocimiento expreso de este derecho que se contiene tanto en la Ley Foral 12/2009, de 19 noviembre, de derechos de los Transexuales de Navarra (art. 5) como en la Ley 14/2012, de 28 junio, de derechos de las personas transexuales del País Vasco (art. 11), en las que se establece que “Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal”. Por su parte, la Ley andaluza (art. 19.6) dispone que “Los menores incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley tienen pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad, que en todo caso han de ser compatibles con los principios inspiradores de esta Ley”. Incomprensiblemente, es menos avanzado y acertado lo previsto en el régimen canario en tramitación (Proposición de Ley de no Discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, de abril de 2014), en el que si bien se indica que “Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal durante la etapa prepuberal”, se añade que “Dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de quien posea la tutela del menor, y con la previa recomendación firme de abordar el mismo por parte de dos profesionales especializados en tratamiento de la transexualidad” (art. 7.1).

El hecho de que en algunas Comunidades se administren bloqueadores y el tratamiento hormonal, mientras que en otras no, supone una trato desigual en función de la Administración que resulte competente para cada menor transexual, vulnerándose el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución y rompiéndose la cohesión del Sistema Nacional de Salud que la propia legislación sanitaria contempla[15]. Pero es evidente que el problema para los menores no es en sí ese trato desigual, sino que en algunas Comunidades se les niegue la administración de esos tratamientos, vulnerando su derecho a la protección de la salud reconocido por la Constitución (art. 43). Por ello rechazamos que las iniciativas de algunas Comunidades en las que no se administran esos tratamientos, instando a un trato homogéneo en todo el Estado, puedan dar lugar a que tampoco se administren en otras Comunidades[16].

En materia de menores, siempre hay que estar a su interés superior (art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor), que en este caso implica hacer posible que su personalidad se desarrolle libremente durante su pubertad conforme a su identidad sexual, sin el menoscabo que implica que los cambios físicos de la pubertad evidencien una discordancia del género gonadal y fenotípico con el psicológico. Ese interés superior de los menores transexuales implica, por tanto, no que no se les deba administrar ningún tratamiento hormonal o inhibidor hasta la mayoría de edad, como erróneamente entienden los responsables sanitarios en algunas Comunidades, sino precisamente todo lo contrario. Reiteramos lo declarado por el Tribunal Supremo acerca del interés superior del menor: “el componente axiológico que anida en la tutela del interés superior del menor viene íntimamente ligado al libre desarrollo de su personalidad, de suerte que el interés del menor en decidir sobre su futuro (…) constituye una clara manifestación o presupuesto del desarrollo de su libre personalidad que no puede verse impedida o menoscabada”.

Según se expuso, los menores de edad adolescentes suelen tener plena capacidad natural para decidir al respecto, atendiendo a sus condiciones de madurez. Para consentir la administración de esos tratamientos hormonales, habrá que tener en cuenta lo previsto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que atiende a la capacidad natural del sujeto (y no a su capacidad de obrar) para la emisión de su consentimiento, de forma que si cuenta con más de doce años pero menos de dieciséis, actuará por medio de sus representes pero se le debe escuchar, mientras que si tiene más de dieciséis, el consentimiento lo deberá prestar él y no sus representantes[17].

3º. No discriminación ni segregación en la atención sanitaria. La elección de médico especialista es libre, de conformidad con el derecho que reconoce la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (art. 10.13) y lo dispuesto en el Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, sobre libre elección de medico en los servicios de atención especializada del Instituto Nacional de la Salud, y en la profusa normativa autonómica que reconoce y regula este derecho. Negar este derecho a las personas transexuales supondría una inadmisible discriminación por razón de identidad de género, proscrita tanto por el artículo 14 de la Constitución como por otras muchas disposiciones[18].

Del reconocimiento del derecho a la libre elección de médico especialista cabe concluir que la existencia de las unidades de referencia sobre identidad de género ha de entenderse como un mecanismo de uso facultativo y no obligatorio por parte de los usuarios, en tanto que lo contrario supondría excluir a las personas transexuales del derecho a la libre la elección de médico especialista, siendo objeto de segregación y discriminación. La existencia de esa unidades específicas es una garantía para quien quiera usarlas, y no una imposición contraria al derecho citado, además de discriminatoria y segregadora. Y respecto a los menores transexuales, hay que añadir que en la actualidad las unidades de referencia no tienen el personal especializado necesario para atender a menores transexuales en edad pediátrica: carecen de Endocrinos pediátricos y de psicólogos pediátricos adscritos.

4º. Designación de centros, servicios o unidades de referencia para la atención a la transexualidad, haciendo posible que los usuarios que residan en Comunidades Autónomas que no atienden la transexualidad conforme a los criterios indicados, puedan ser atendidos en otras Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria, que aunque prevé la “atención a la transexualidad” dentro de las “Patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos atendidos en centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud”, el Comité de Designación aún no designado dichos centros.

En definitiva, desde Chrysallis denunciamos la falta de protección por parte del Estado y la mayoría de las Comunidades Autónomas hacia los menores transexuales, al no existir un marco legal que les garantice el efectivo respeto a su dignidad, su derecho a desarrollarse de una manera verdaderamente libre durante su infancia y adolescencia conforme al sexo sentido como propio, sin tener que ver menoscabada su intimidad y su derecho a la vida privada. El interés superior de los menores transexuales implica que sea posible ese libre desarrollo de su personalidad de acuerdo a su identidad sexual, sin que por tanto ese interés superior pueda ser esgrimido por los poderes públicos como excusa para no intervenir en transexualidad infantil, porque esas omisiones (o negativas a hacer lo que deben) es lo que vulnera los derechos fundamentales de los menores transexuales.

Todo lo anterior nos lleva a reclamar que el Estado reconozca específicamente el derecho de los menores transexuales a poder desarrollarse libremente conforme a su identidad sexual, arbitrando (1) las medidas legislativas necesarias para facilitar la rectificación registral de su mención relativa al género; (2) para que en el ámbito educativo se les considere a todos los efectos de acuerdo al sexo sentido como propio; y (3) para que en el sanitario se les garantice el acceso a los tratamientos inhibidores y hormonales necesarios, con los mismos derechos que el resto de los usuarios del sistema público de salud. Una excelente oportunidad para este reconocimiento específico sería la futura Ley de Protección de la Infancia, en cuyo Anteproyecto de 28 de abril de 2014 no se recoge ni una mención a los menores transexuales, como igualmente tampoco a los menores homosexuales.

 


[1] En cuanto al Tribunal Supremo, destaca la importante sentencia núm. 929/2007, de 17 septiembre (RJ\2007\4968), dictada por el Pleno de la Sala de lo Civil, y las que la siguieron, como las de 28 de febrero de 2008 (RJ 2008, 2932), de 6 de marzo de 2008 (RJ 2008, 4039), de 18 de julio de 2008  (RJ 2008, 4484), de 6 de septiembre de 2008 y de 22 junio de 2009 (RJ\2009\3408). Y respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cabe citar por ejemplo su sentencia de 11 septiembre 2007 (TEDH\2007\56).

[2] TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), Sentencia num. 26/2013 de 5 febrero (RJ\2013\928).

[3] El artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, titulado “Derecho al respeto de la vida privada y familiar”, tras afirmar que “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar”, advierte que “No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho salvo cuando esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de terceros”.

[4] V. Sánchez Hernández, C., «Capacidad natural e interés del menor maduro como fundamento del libre ejercicio de los derechos de la personalidad», Estudios Homenaje al profesor Luis Díez-Picazo, vol. I, Madrid, 2002, pp. 951 y ss.; Lama Aymá, A. de, La protección de los derechos de la personalidad del menor de edad, Valencia, 2006; y Yáñez Vivero, F., «Capacidad del menor en el ámbito de sus derechos de la personalidad», El desarrollo de la Convención sobre los derechos del niño en España, 2006, pp. 89 y ss.

[5] Establece que “Mientras no se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil, se aplicarán las normas de la Jurisdicción voluntaria a las actuaciones que se sigan: (…) Segundo. Para resolver las controversias surgidas en el ejercicio de la patria potestad y en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges cuando por su propia naturaleza exijan una resolución urgente”. Por su parte, el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria de 2 de agosto de 2014, mantiene igualmente este procedimiento para caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad ejercitada conjuntamente por los progenitores (art. 88).

[6] Concretamente, en la enmienda 53 presentada por IU-ICV en el Congreso, propuso añadir un artículo del siguiente literal: “Los menores de edad a los que se les diagnostique disforia de género podrán solicitar el cambio de sexo registral mediante sus tutores o guardadores legales. Los menores de edad emancipados y los mayores de dieciséis años podrán solicitar personalmente el cambio de sexo registral.

La acreditación del diagnóstico se realizará mediante informe de médico o psicólogo colegiado.

El procedimiento será en este caso mediante demanda al juez encargado del registro civil y será preceptivo recabar en interés del menor la opinión de los tutores o guardadores legales y un informe de la fiscalía”.

Y en similar sentido, ERC, en su enmienda 68, proponía añadir el siguiente precepto: «Artículo 9. Minoría de edad.

1. Los menores de edad a los que se les diagnostique trastorno de identidad de género podrán solicitar el cambio de sexo registral mediante sus tutores o guardadores legales.

2. Los menores de edad emancipados y los mayores de dieciséis años podrán solicitar personalmente el cambio de sexo registral.

3. La acreditación del diagnóstico se realizará mediante informe de médico o psicólogo colegiado y médico forense.

4. El procedimiento será en este caso mediante demanda al juez encargado del registro civil y será preceptivo recabar en interés del menor, la opinión de los tutores o guardadores legales, así como un informe de la fiscalía y de un médico forense.»

[7] Cf. la enmienda núm. 33.

[8] Cf. la enmienda núm. 79 presentada en el Congreso, reiterada en el Senado con la núm. 10, que justificó señalando que “Un acto de esta entidad sólo puede ser solicitado por quien se encuentra en plena madurez y capacidad, rechazándose la posibilidad de que lo haga el menor emancipado y, menos aún, el menor de edad”.

[9] Cf. el Auto del Tribunal Supremo de 3 septiembre 2013, y los que allí se citan.

[10] En virtud de lo establecido en la disposición adicional decimonovena del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

[11] Acogido por la Dirección General de los Registros y del Notariado desde su Circular de 2 de julio de 1980.

[12] En especial el derecho reconocido en su número 2: “Los estudiantes, el personal y los docentes que acudan a todos los centros educativos de Andalucía tienen derecho a:

a) Mostrar los rasgos distintivos de la personalidad que suponga el cambio y la evolución de su proceso de identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme a su género elegido.

b) Utilizar libremente el nombre que hayan elegido, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley, que será reflejado en la documentación administrativa del centro, en especial en aquella de exposición pública, como listados de alumnado, calificaciones académicas o censos electorales para elecciones sindicales o administrativas”.

[13] En él figuran las seis medidas siguientes:

“1.-Arbitrar las medidas recogidas en el Plan de Convivencia del Centro para prevenir e intervenir ante las conductas de discriminación o de posible acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil que se pudieran producirse, activando en su caso los protocolos contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Para ello, el centro podrá solicitar asesoramiento a los Gabinetes Provinciales de Asesoramiento de la Convivencia Escolar.

2.-Indicar al profesorado y personal no docente del centro que se dirija al alumno o alumna por el nombre con el que acuerden la familia y el o la menor.

3.-Adecuar la documentación administrativa del centro docente en aquellas situaciones en las que sea necesario (listas de clase, boletín informativo de notas, carnet de estudiante…), considerando el género con el que se siente identificado el alumno; todo ello sin perjuicio de que en la constancia oficial del organismo al que pertenecen, y hasta que legalmente proceda, se mantengan los datos de identidad registrales a efectos oficiales.

4.-Si en el centro existe la obligatoriedad de vestir un uniforme y éste es diferenciado, reconocer el derecho de vestir con ropas o uniformes femenino o masculino en función de la identidad de género. Independientemente de la exigencia o no de uniforme se garantizará, en cualquier caso, la igualdad en el uso de cualquier vestimenta, siempre que se respete lo reglamentado al respecto para la totalidad del alumnado no relativo al sexo de cada persona.

5.-En cumplimiento del Plan de Igualdad, en ningún caso se realizarán en el centro actuaciones diferenciadas por sexo. Si en alguna ocasión, por causa acordes a unos objetivos concretos, se precisara esta separación, el profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumna se siente identificado.

6.-En los casos en los que el centro no disponga de aseos o vestuarios unisex, se garantizará que tenga acceso a los aseos y vestuarios que le corresponda de acuerdo con su identidad de género”.

[14] Aunque indica que en el informe de la Unidad de Atención a la Transexualidad habrá recomendaciones específicas para el centro educativo, añade que “de entrada, hay 4 básicas a tener en cuenta: – Que el profesorado llame al menor o a la menor por el nombre con el que se identifica, debiendo figurar también así en las listas de clase (No en las actas oficiales, dado que  legalmente no se puede cambiar el nombre hasta los 18 años) – Que en el carné de estudiante esté el nombre con el que se identifica (se suele solicitar en cines, guaguas, bibliotecas, etc.) – Que pueda acudir a los baños y vestuarios que le corresponda de acuerdo con su identidad – Que las actitudes del profesorado, dirección del centro y alumnado favorezcan el respeto y eviten situaciones de acoso o discriminación. Las actitudes ante la agresión o acoso deben ser claras y no se les debe quitar importancia”.

[15] V. gr. el art. 3.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que proclama que “La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española. El acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva”.

 

[16] El pasado 5 de junio, la  Asamblea de Madrid aprobó a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, instar al Gobierno Regional a que se dirija al Gobierno de España para “Garantizar, a través de una normativa básica de carácter estatal, la atención a las personas transexuales, en materia sanitaria, educativa, laboral y de servicios sociales, sin perjuicio del desarrollo legislativo que cada CCAA, en ejercicio de las competencias que tengan transferidas, pueda llevar a cabo. Asimismo, se consensuará un protocolo de actuación que constituya al Estado en garante de los derechos de la infancia en los casos de transexualidad”.

[17] El art. 9.3,c) de la Ley 41/2002 señala que “Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención (…) el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”. Sobre el particular, v. García Garnica, M. C., El ejercicio de los derechos de la personalidad del menor no emancipado (especial consideración al consentimiento a los actos médicos y a las intromisiones en el honor, la intimidad y la propia imagen), Navarra, 2004; y Santos Morón, M.J., «Menores y derechos de la personalidad: La autonomía del menor», Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nº. 15, 2011, pp. 63 y ss.

[18] La propia Ley General de Sanidad, en su art. 10.1, o las diferentes leyes autonómicas sobre transexualidad: art. 10.1 Ley 2/2014 (Andalucía); art. 9.3 Ley 14/2012 (País Vasco); y art. 6.2 Ley Foral 12/2009 (Navarra). Además, cf. el Informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, de 8 de enero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género [2013/2183 (INI)].

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