El Tribunal Constitucional admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo, en relación con la exclusión de los menores transexuales de la Ley 3/2007

Javier Maldonado

Secretario de Chrysallis

En el BOE de hoy 19 de mayo de 2016, se informa que el Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de mayo, ha acordado admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1595-2016 planteada por la Sala Primera de lo Civil del 13239918_10154193707964133_7168104664338096810_n en relación con el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, en cuanto que solo reconoce legitimación a las personas mayores de edad para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo y del nombre, por posible vulneración de los artículos 15, 18.1 y 43.1, en relación con el artículo 10.1 CE. El origen del procedimiento se encuentra en la “batalla” judicial que Patrick, hijo de la Presidenta de Chrysallis, Natalia Aventín, viene librando en los tribunales para que el sexo registral que figura en su asiento de nacimiento se rectifique para adecuarlo a su identidad sexual, en tanto que al nacer se le asignó erróneamente el sexo atendiendo a los genitales.

La transexualidad es una condición innata e irreversible, no una decisión que tomen caprichosamente las personas. Por ello consideramos que debe permitirse la rectificación del sexo registral de todas las personas a las que ha asignado al nacer un sexo registral que no coincide con su identidad sexual, con independencia de su edad y grado de madurez. Los menores transexuales comienzan a advertir del error cometido al asignarles el sexo sobre los dos años, incluso antes, en cuanto tienen capacidad para distinguir entre niños y niñas, y capacidad para expresarse. Es una realidad que constatamos día a día las más de trescientas familias de menores transexuales vinculadas a Chrysallis.

La dignidad como persona, el derecho al libre desarrollo de la personalidad conforme a la identidad sexual y el derecho a la vida privada sin injerencias injustificadas, fundamento todo ello del moderno derecho a la identidad sexual o de género, lo poseen todas las personas, cualquiera que sea su edad. Como no puede ser de otro modo, los menores son también titulares de esos derechos fundamentales. Si a un menor transexual se le niega la rectificación de su sexo registral o el cambio de nombre por tener tres o cuatro años, bien por considerar que con esa edad no tiene suficiente madurez (pese a que no está “decidiendo” nada, sino manifestando su identidad) o bien por el demostradamente infundado argumento del “riesgo de remisión”, no por ello va a dejar de ser una persona transexual: lo va a seguir siendo, y por ello va a usar un nombre distinto al oficial, porque al usar ese nombre y comportarse conforme a su identidad sexual, está ejerciendo un derecho fundamental que debería ser objeto de protección por parte de los poderes públicos (art. 11.2 Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor). Sin embargo, la negativa a la rectificación del sexo registral lo que provoca con total certeza es un menoscabo de sus derechos fundamentales.

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