La nueva Ley sobre derechos de las personas transexuales de Canarias: una ley “retrasada” a su tiempo

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El 24 de octubre, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley de no Discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.  Aunque supone un avance, no llega tan lejos como lo ha hecho la Ley andaluza de 8 de julio de 2014, que reconoció el principio de autodeterminación de identidad sexual como derecho, como también se viene a reconocer en Argentina y recientemente en Dinamarca. Parece que aquello de “una hora menos en Canarias” también se sigue en derechos de las personas transexuales, porque en aspectos esenciales como el mencionado, responde al modelo de leyes promulgadas en la pasada década. La Ley canaria afirma que “Por personas transexuales, a efectos de esta ley, se entiende toda aquella persona que acredite ante las administraciones públicas canarias, mediante informe de un/a psicólogo/a colegiado/a y preferentemente con experiencia acreditada en atención de la transexualidad: a) Que carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a la identidad de género que manifiesta y pretende le sea reconocida, manifestando una voluntad estable, indubitada y permanente al respecto; y b) Que presente una disonancia igualmente estable y persistente durante al menos seis meses, entre el sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida por el/la solicitante”; o bien que ha “procedido a la rectificación por resolución firme en el Registro Civil de la mención de sexo”, cuando la Ley de rectificación registral de 2007 es patologizante.

 

En cuanto a los menores transexuales, si bien declara que “Las personas transexuales menores de edad tienen pleno derecho a recibir el oportuno diagnóstico y tratamiento médico relativo a su transexualidad, especialmente la terapia hormonal durante la etapa prepuberal”, de manera similar a lo que ya en 2009 estableció la Ley Navarra y en 2012 la del País Vasco, la Ley canaria añade unos requisitos de intervención de los tutores más restrictivos para los menores que los previstos con carácter general en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (que por ejemplo fija en 16 años la edad en que el consentimiento debe darlo el menor y no sus tutores): la ley canaria señala que “Dicho tratamiento se producirá bajo la autorización de quien posea la tutela del menor” y que “La negativa de padres o tutores a autorizar el tratamiento transexualizador podrá ser recurrida ante la autoridad judicial, que atenderá en último caso al criterio del beneficio del menor”). Y también añade unos requisitos sanitarios que nos parecen excesivos: exige que conste “la previa recomendación firme de abordar el mismo por parte de dos profesionales especializados en tratamiento de la transexualidad”.

 

Por otro lado, se hace una mención expresa y genérica a los derechos de las personas transexuales menores de edad (“Las personas transexuales menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Canarias la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes”). Hay que destacar que obliga a las administraciones públicas de Canarias a que adopten todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para que los estudiantes transexuales sean tratados conforme a la identidad sexual sentida como propia: (1) garantizarán una protección adecuada a estudiantes, personal y docentes transexuales contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar; (2) asegurarán el derecho de estudiantes transexuales al acceso a servicios e instalaciones de los centros educativos, tales como vestuarios y baños, así como a la participación en actividades donde se realice división por sexo, conforme a la identidad de género sentida por la persona; y (3) asegurarán el derecho de los estudiantes transexuales presentes en los centros educativos de Canarias, a ver su identidad de género y el nombre concorde a la misma que hayan elegido reflejados en la documentación administrativa del centro sujeta a exhibición pública, como listados del alumnado, horarios de tutorías, con independencia de su situación en el Registro Civil. De ese modo, se sigue lo previsto en la Ley andaluza, incorporando a la Ley un régimen similar a los criterios contenidos en las “Recomendaciones para docentes” que en septiembre de 2013 propuso la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.

Posted by Javier Maldonado.

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