Los colectivos de personas transexuales en Andalucía consideran haber sido engañados

“No podemos apoyar un texto que convierte a toda persona transexual en sospechosa de tener una enfermedad mental”, afirman desde estas asociaciones.

Los colectivos andaluces de personas transexuales y familias se han opuesto firmemente al registro y tramitación de la proposición de Ley integral de transexualidad realizada por los grupos parlamentarios IU-LV-CA y PSOE-A, que, aseguran, “una vez más rompen las promesas realizadas públicamente a los representantes de este colectivo, y se posicionan del lado de la discriminación y la denegación de los derechos humanos de las personas trans”.

En reunión mantenida con la Secretaria de Salud Pública por representantes de estas asociaciones, se confirma que en la atención sanitaria que se preste a las personas trans, si bien no se realizarán test psicológicos para determinar su identidad de género, sí que se van a continuar exigiendo tests para “descartar patologías”, por lo que condenan el mantenimiento  del “actual sistema discriminatorio de acceso a la atención sanitaria de las personas trans”.

Así lo establece el artículo 4.c) del borrador propuesto, cuando especifica que tan sólo aquellas personas que hayan obtenido la documentación administrativa, serán beneficiarias de las prestaciones contenidas en la misma. Según las asociaciones, “esto ya nos da la idea de que no todas las personas que soliciten dicha documentación la van a recibir, sino que es posible que a algunas les sea denegada si no cumplen con ciertos requisitos”. No obstante, el texto no especifica cuáles serán esos requisitos, dejándolo abierto a cualquier cosa.

Desde ATA y Conjuntos Difusos declaran que “suponemos que la intención de la Junta de Andalucía es obligar a las personas trans que no hayan obtenido esta documentación, y cuyos derechos se dejan deliberadamente desamparados, a continuar acudiendo a la UTIG, donde se les someterá a los mismos tests que hasta ahora, por el mismo procedimiento que hasta ahora, durante tanto tiempo como las trabajadoras de allí crean conveniente, con la excusa de determinar si no padecen alguna enfermedad mentalª.

“Esto significa que la ley se convertiría en papel mojado”, explica Pablo Vergara, de Autonomía Trans. “Las psicólogas de la UTIG continuarían teniendo la llave de nuestros derechos, y esta ley no servirá para nada en absoluto. Además, el mero hecho de que toda persona que manifiesta tener una identidad de género distinta a la asignada al nacer se convierta automáticamente en sospechosa de ser una enferma mental, es altamente discriminatorio y estigmatizante”.

El artículo relativo a la prestación de la atención sanitaria, tampoco recoge las demandas de los colectivos, que los grupos políticos se comprometieron a incluir en la ley. “El artículo 11 dice que todas las personas tendrán derecho a la asistencia sanitaria, según lo previsto en la cartera de servicios existente”, explica Ángela, también de Autonomía Trans, “pero al encontrarse dentro del capítulo titulado ‘De la atención sanitaria a las personas transexuales’ se entiende que se refiere a todas las personas transexuales, no a la población en general. Entonces, nos remite a la atención sanitaria que ya está especificada en la cartera de servicios del SAS, es decir, a la UTIG de Málaga, a la centralización y a la discriminación.”

Eva Witt, presidenta de la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis, y madre de un niño trans de 8 años, señala que todo esto será especialmente grave durante la minoría de edad. “Afecta especialmente en el periodo de escolarización. Si se condiciona el reconocimiento de la identidad del menor a la obtención de una documentación administrativa, que no sabemos cuanto tiempo tardará en emitirse, si serán tres meses, o serán diez, o no será nunca, y bajo qué condiciones, no queda garantizado que nuestros hijos puedan recibir una educación no discriminatoria. Al igual que ocurre con los adultos, el futuro de nuestros niños dependería de la decisión pretendidamente científica, pero arbitraria, de las trabajadoras de la UTIG”.

Desde estas entidades exigen que no se registre la “ley trampa de Izquierda Unida y el PSOE!, y que en su lugar se registre la propuesta realizada por los colectivos de personas transexuales de Andalucía, que fue remitida a los grupos políticos el día 6 de noviembre, tras comprometerse estos a aceptar sus reivindicaciones. “Nuestra propuesta ha sido tergiversada y distorsionada. Nos han engañado. Así las cosas, anunciamos que en breve convocaremos de nuevo una huelga de hambre indefinida que no terminará hasta que no se registre el texto propuesto por los colectivos de personas transexuales”, anuncia Mar Cambrollé, de la Asociación de Transexuales de Andalucía.

Cáscara Amarga. 

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