Publicada la Ley LGTBI de Andalucía

El pasado 19 de diciembre, y por unanimidad, fue aprobada la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Hoy 15 de enero, por fin ya se ha publicado en el BOJA, con el nombre de Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. Entrará en vigor dentro de 20 días.

Por lo que se refiere a las personas trans en general, viene a complementar a la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, en tanto que incorpora un régimen sancionador del que carecía ésta, y que es de esperar sirva para erradicar la transfobia en sus diferentes formas. Con esta Ley y el resto de las muchas disposiciones promulgadas hasta ahora en la Comunidad andaluza, el colectivo trans residente en Andalucía tiene a su disposición el marco legal más completo que existe en esta materia en España. Pero todavía quedan cuestiones que regular y sobre todo muchas otras que implantar, en especial en los contenidos educativos, en la atención sanitaria que sigue siendo deficitaria en muchas provincias, y en la formación en diversidad.

En cuanto a las personas trans menores de edad, ha incorporado previsiones similares a las recogidas en otras leyes autonómicas posteriores a la Ley 2/2014, en las que se reconocían expresamente derechos a los menores trans que en la normativa andaluza sólo aparecían reconocidos de manera implícita, lo que en ocasiones dificultaba su respeto. Destacamos especialmente los derechos reconocidos en el ámbito sanitario:

  • En la línea despatologizadora marcada por la Ley 2/2014, la nueva Ley advierte expresamente que “La asistencia psicológica a las personas LGTBI, incluidos los menores de edad, será la común prevista para el resto de las personas usuarias del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a estas personas a que previamente se deban someter a examen psico­lógico o psiquiátrico” (art. 28.4). Así pues, los escasos profesionales de la sanidad andaluza que todavía se resisten a dejar su concepción patologizadora de la transexualidad, han de saber que infringen lo que establece expresamente la Ley.
  • Dispone que “Los menores transexuales tendrán derecho: A recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, atendiendo a criterios clínicos establecidos por el mejor conocimiento disponible y recogidos en el proceso asistencial integrado, que se mantendrá pertinentemente actualizado, de manera que se evite el desarrollo de caracteres sexuales secun­darios no deseados. 2. A recibir tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios deseados” (art. 28.6). Al ser derechos reconocidos por Ley, como herramientas que algunas personas trans (no todas) necesitan para alcanzar su salud integral, ese régimen prevalece sobre las disposiciones de inferior categoría, debiendo interpretarse el Proceso Asistencial Integrado para la atención sanitaria a personas trans en la infancia y adolescencia (PAI PTIA) de enero de 2017, conforme al nuevo marco legal de diciembre de 2017, en tanto el PAI sea actualizado.

No se obvia la opinión de progenitores o tutores legales, como demagógicamente se ha ido difundiendo con total falta de respeto a la verdad. Se conceden derechos que en muchos casos son esenciales para la salud integral de los menores (art. 43 Constitución). Y como sucede con cualquier usuario menor de edad, el consentimiento informado para recibir esos tratamientos se hará conforme a la Ley de Autonomía del Paciente, a la que se remite la nueva Ley (art. 32). Aquella Ley de Autonomía del Paciente –estatal– contiene un régimen objetivo (no cabe representación por sus progenitores en menores, mayores de 16 años) y subjetivo (tampoco cabe representación si la persona menor es capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de los tratamientos a que tiene derecho). ¿Es que se debería haber discriminado a las personas menores trans frente al resto?.

De especial interés para menores trans es su participación en competiciones deportivas sin discriminación por razón de identidad sexual frente al resto, algo que tendrán garantizado al establecer la nueva Ley –como la mayorías de las leyes LGTBI– que “En los eventos y competiciones deportivas que se realicen en la Comunidad Autónoma de Andalucía se considerará a las personas transexuales que participen atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos” (art. 39).

En cuanto al régimen sancionador, destacamos que se tipifican como infracciones administrativas actuaciones de usar expresiones de carácter vejatorio o estigmatizante en cualquier medio de comunicación o a través de las redes sociales; realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género; realizar campañas de publicidad o anuncios que utilicen la imagen de miembros del colectivo LGTBI o sus familiares de manera discriminatoria o vejatoria o justifiquen o inciten a la violencia; la elaboración, utilización o difusión, en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de libros de texto y materiales curriculares que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad de género; adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, realizados en función de la orientación o identidad sexogenérica de una persona, que tengan el propósito o produzcan el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma”; y el empleo de un lenguaje discriminatorio o la transmisión de mensajes o imágenes discriminatorias u ofensivas en los medios de comunicación públicos de Andalucía, en aquellos otros medios de comunicación que reciban subvenciones públicas o en los medios de comunicación sujetos al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía (arts. 60 a 62).

Algunas demandas de Chrysallis no se han incorporado. Nos queda pendiente un reflejo expreso de lo concerniente a los derechos reproductivos. Si bien la nueva Ley establece que “Todas las personas tienen derecho al más alto nivel de disfrute de la salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, sin discriminación alguna por razón de orientación sexual o identidad de género” (art. 28.1), consideramos que se deberían garantizar con más detalle los derechos reproductivos de las personas trans, igual que prevé la última legislación autonómica sobre igualdad social LGTBI, como la de la Región de Murcia y la comunidad Navarra, que contemplan el ofrecimiento de posibilidad de congelación de tejido gonadal y células reproductivas para su futura recuperación antes del inicio del tratamiento hormonal.

Haciendo un poco de historia, queremos recordar que en junio de 2016, el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía invitó a Chrysallis, junto a otros colectivos, a participar en el texto del que resultaría la Proposición de Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Las aportaciones de Chrysallis se dirigían a conseguir que los menores trans de Andalucía tuvieran el mismo estatuto jurídico que se había otorgado en otras Comunidades a estos menores (derechos concretos sobre la atención sanitaria que suele demandar su salud integral; derechos reproductivos); y además a dar respuesta legal a situaciones en las que se había detectado que el marco legal general no es suficientemente eficaz con la problemática de los menores trans (situaciones de no respeto a la identidad sexual por algún progenitor, o a sus demandas en el ámbito sanitario pese a tratarse de menores con suficiente madurez de acuerdo con la Ley de Autonomía del Paciente). Chrysallis propuso que algunas de esas previsiones se incorporaran a la futura Ley LGTBI, pero que otras se incorporaran en la Ley 2/2014 previa reforma a través de disposición adicional en la Ley LGTBI, por considerar que por razones técnica legislativa, lo apropiado era ubicar en la Ley LGTBI todo lo concerniente a igualdad y no discriminación por razón de sexo, mientras que la Ley 2/2014 debería tener por objeto el reconocimiento de la identidad sexual y los derechos de las personas trans. Sea como fuere, de esas aportaciones –junto a las realizadas por otros colectivos– resultó la Proposición de Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia (BOPA 5 agosto de 2016). El 20 de septiembre de 2016 se publicó en el BOPA la Proposición de Ley para la igualdad de trato y no discriminación por razón de ori­entación sexual e identidad de género en Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Al comprobar que se tratada de un texto similar al aprobado en otras Comunidades, pero que no incorporaba las mejoras previstas en  esas otras leyes (posiblemente al dar por supuesto que con la Ley 2/2014 las necesidades legales de las personas trans habían quedado cubiertas), se hizo llegar a aquel grupo nuestras observaciones al respecto. Finalmente, tras reuniones mantenidas tanto por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía como por el Grupo Parlamentario Socialista, con diferentes asociaciones entre ellas Chrysallis, se presentó la Proposición de Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, por los GG.PP. Socialista, Podemos Andalucía e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, y que finalmente ha sido aprobada por la totalidad de los grupos parlamentarios, sumándose por tanto los GG.PP. Popular Andaluz y Ciudadanos, lo que sin duda da un valor añadido a esta Ley.

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