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Por discriminación y uso de documentos privados. -
La Asociación de Menores Transexuales esperaba la respuesta de la fundación.
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El AMPA del colegio San Patricio analiza este jueves el caso.
La fiscal Flor de Torres denunciará a la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria del Obispado de Málaga por discriminación por razón de identidad de género y por utilizar documentos privados y secretos concernientes a la niña transexual que estudia en el colegio San Patricio de la capital malagueña, según ha informado este jueves Chrysallis, Asociación Estatal de Familias de Menores Transexuales.
La documentación «fue cedida por la Fiscalía con la advertencia de que únicamente podía ser utilizada como información para la toma de decisiones» por parte del patronato de dicha fundación y que después «deberían ser destruidos e inutilizados».
La fiscal había dado de plazo hasta este miércoles a la Fundación Diocesana de Enseñanza para que acatara las pautas indicadas tanto por el Ministerio Público como por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para tratar a la menor transexual que estudia en colegio concertado San Patricio, regentado por dicha entidad.
Francisco José González, secretario de la fundación, indicó este miércoles a 20minutos.es que el patronato de la fundación «no tiene más que añadir a lo que dijo en su día a la Fiscalía» y que Gabriela era «un niño. Un varón. Se llama Gabriel y le decimos Gabi«. Negaba así que se fuesen a cumplir las directrices marcadas por la Junta y la Fiscalía.
«Ir siempre con chándal, cuando el resto de las niñas de la clase puede utilizar el uniforme, es claramente discriminatorio»
Estas instrucciones, según Chrysallis, están dirigidas a «permitir el libre desarrollo de la personalidad de la menor, derecho humano fundamental que recoge tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía de Andalucía».
Instrucciones
Así se pedía al centro que se tratara a la niña en femenino. «No es suficiente con tratarla con un nombre neutro como Gabi, para luego dirigirse a ella en masculino», apunta la asociación.
También se solicitaba que le permitieran utilizar los aseos y vestuarios de las niñas. Sin embargo, indica que «pretender que utilice un baño para discapacitados es una discriminación de manual».
Igualmente, las medidas apuntaban al centro que debía permitir que acudiera al colegio con el uniforme femenino. «Ir siempre con chándal, cuando el resto de las niñas de la clase puede utilizar el uniforme, es claramente discriminatorio».
Eva Witt, presidenta de Chrysallis, reitera que la respuesta de la fundación «es lo que esperábamos y más después de las declaraciones del secretario de la fundación, que afirmaba que estaban dispuestos a recurrir cualquier orden judicial que pretendiera obligarles a respetar la identidad de la niña».
También indica que «la maniobra, por parte de la fundación, de acudir a la Fiscalía General del Estado para apartar del caso a la fiscal Flor de Torres, nos daba clara muestra de cuáles eran sus intenciones y cuál sería su decisión final. No nos equivocábamos».
Junta
La entidad manifiesta que Educación «ya no se va a esperar más» y recuerda que este jueves hay convocada una junta extraordinaria de la Asociación de Madres y Padres del colegio San Patricio para decidir qué postura tomarán en esta situación.
Según Chrysallis, «para evitar la caza de brujas, la Delegación ha decidido enviar un inspector de Educación para que levante acta de la reunión».
Asimismo, apunta que la inspección educativa se ha puesto en contacto con los padres de Gabriela «para apoyarlos y les ha aconsejado que no duden en llevar a la niña con su uniforme femenino, si así lo creen conveniente, pues él mismo se encargaría de que se respetase esta decisión».