Por fin: cambios de nombre con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas trans

 

 

Javier Maldonado. Asesor legal de Chrysallis

Tras la reunión mantenida por Chrysallis el pasado 17 de octubre con la Ministra de Justicia y con el Director General de los Registros y del Notario, desde el Ministerio se publicó una nota de prensa en la que se informó que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, prepararía una instrucción para que los Registros Civiles de toda España faciliten el cambio de nombre de los menores transexuales que así lo soliciten. La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad.

Pues bien, justo a la semana, con gran satisfacción vemos cómo se ha verificado ese anuncio. Mil gracias Dolores Delgado, y mil gracias Pedro José Garrido Chamorro.

Hoy la familias de menores trans, los propios menores y también el resto del colectivo de personas trans, han comenzado el día acudiendo al BOE, con una lectura que llevaban años esperando; desesperadamente en muchos casos.

Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales (BOE del 24)

Aunque sea una solución transitoria entre tanto se produce el pleno reconocimiento del derecho a la identidad sexual de todas las personas, a través de las iniciativas legales en marcha, es una magnífica noticia. Queremos destacar cómo en esta Instrucción se evidencia una nueva concepción y perspectiva de esa materia, acorde con lo instado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 2048 (2015) de 22 de abril de 2015 (15ª sesión), sobre “La discriminación contra las personas transexuales en Europa”, y con lo instado al Gobierno por el Congreso de los Diputados mediante la Proposición no de Ley relativa a la inscripción en el Registro Civil de nombres de personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, de 25 de octubre de 2016.

La implantación en los cambios de nombre, del respeto al principio de identidad sexual autopercibida, basada en una concepción no patologizante de la transexualidad

El Director General de los Registros y del Notario comienza su Instrucción aludiendo a los sustanciales cambios producidos en los últimos años en esta materia, siendo necesario incorporar el pleno respeto al principio de identidad sexual autopercibida, basada en una concepción no patologizante de la transexualidad y respetuosa con la autonomía y libertad de cada persona a ser ella quien manifieste cuál es su sexo sentido y qué modificaciones corporales quiere realizar, en su caso. Esos criterios, que inspiran las reformas legales en marcha, son asimismo los que han inspirar las peticiones de cambios de nombre de las personas cuya identidad sexual no coincide con el sexo que consta en su inscripción de nacimiento:

“la regulación de la Ley de 2007, en la que se asocia la transexualidad con una enfermedad o trastorno de la personalidad, que puede y debe ser médicamente diagnosticada y tratada para posibilitar su reflejo en el Registro Civil, y que sólo puede producir efectos legales en relación con los mayores de edad, está superada en el actual estado de la ciencia médica, y por tanto obliga a una interpretación correctora de dicha norma.

En la actualidad se está tramitando por el Parlamento una Proposición de Ley que previsiblemente modificará la anterior de 2007, despatologizando la incongruencia de género, y permitiendo el cambio de la constancia registral del género sentido mediante la simple expresión de la voluntad de formalizar dicho cambio por el sujeto, incluso siendo el mismo menor de edad. Ello brindará una solución más adecuada, y conforme con la realidad de las cosas, a la luz del estado actual de la ciencia médica. Pero mientras eso llega, hay situaciones actuales que demandan una solución urgente, especialmente en la medida en que afectan a menores de edad”

Así pues, tras esta Instrucción, deben quedar atrás los tiempos en los que para los cambios de nombre era necesario aportar informes de “disforia de género” o similares, o el paso por exámenes forenses que por muy respetuosamente que se hicieran, en sí suponen un menoscabo en la dignidad de la persona. Se trata de hacer efectivo el principio de reconocimiento a la identidad sexual autopercibida, conforme a lo Principios de Yogyakarta, bastando con una mera declaración de la persona interesada o de sus representantes. De ahí que sólo se requiera que “ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, el solicitante declare que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado, y que no le es posible obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el Registro Civil”, en el caso de las personas mayores de edad o personas emancipadas; o si estamos ante menores, que “ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, los representantes del menor actuando conjuntamente declaren que el mismo siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado de forma clara e incontestable”.

La Instrucción se aplica no sólo a los menores de edad, sino también a las personas mayores de edad

Los cambios de nombre conforme a la Instrucción, no son exclusivos de las personas menores de edad. Hay personas mayores de edad cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, pero que actualmente y conforme a los anacrónicos requisitos del artículo 4º de la Ley 3/2007, tampoco pueden instar la rectificación registral del sexo, estando en una situación similar a la de las personas menores de edad, en cuanto a menoscabo de derechos fundamentales:

“Sobre la base de estos presupuestos, se aborda en esta Instrucción la interpretación y consiguiente aplicación de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, para los supuestos de solicitud de cambio de nombre de la persona que tenga por finalidad hacer coincidir el nombre asignado con el sexo sentido por la misma, en aquéllos casos en que por aplicación de la Ley actualmente en vigor no sea posible el cambio de la indicación del sexo en el Registro Civil. Debe tomarse en consideración a tal efecto hasta qué punto la interpretación y aplicación de dicha Ley debe realizarse a la luz de los principios constitucionales y legales a los que se ha hecho referencia, y en particular de la interpretación actual de esos principios a la luz de la realidad social de cada tiempo. Ello que también resulta determinante para la interpretación de una Ley de la antigüedad de la de 1957, incluso sin olvidar que la redacción del art. 54 en este apartado relativo a los requisitos del nombre, fue introducido por la Ley 20/1994, de 6 de julio.

Con todos esos antecedentes, y a la luz de la realidad social del tiempo actual, que nos muestra la detección de un elevado número de casos de menores y mayores de edad a quienes la aplicación actual del derecho no ofrece un procedimiento seguro y respetuosos para obtener una expresión oficial de su género sentido, se hace imprescindible revisar el sentido que tiene la normativa vigente y la interpretación y aplicación que se debe dar a la misma.”

La consideración de la edad de la persona a los efectos del respeto al interés superior del menor y a los efectos de respetar su derecho a ser oído y escuchado

No obstante, cuando estamos ante menores de edad, ese dato es jurídicamente relevante, por el debido respeto al interés superior del menor y a los efectos de respetar su derecho a ser oído y escuchado:

“Dicha norma, además, define como criterios para la interpretación y aplicación del interés superior del menor, en cada caso, entre otros la protección del derecho al desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades emocionales y afectivas, la preservación de la identidad, orientación e identidad sexual, y algo tan importante en los supuestos como los que se regulan en esta Instrucción como la consideración del irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo, que obliga a no demorar medidas que puedan evitar graves daños en la formación de la personalidad del menor. A ello se añade la obligación de tener en cuenta los deseos, sentimientos y opiniones del menor, y su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

Para ello debe ser informado, oído y escuchado sin discriminación alguna por edad o cualquier otra circunstancia, en cualquier procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez, debiendo recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible según sus circunstancias (art. 9).

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que, si bien la Ley Orgánica citada establece como edad a partir de la cual el menor debe ser oído en todo caso la de doce años, también ordena que se le oiga en todos los casos en que ello se considere obligado en función de su grado de madurez. Esto, en la materia de la identidad de género, teniendo en cuenta que frecuentemente hay niños que en torno a los cuatro años experimentan ya con claridad la identidad sexual propia como diferente de la asignada, considerando el importante efecto perjudicial que puede tener el retraso en la adopción de las medidas, o lo que es lo mismo el irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo, obliga a establecer un procedimiento para poder modificar el nombre a los niños menores de doce años, representados por sus padres o tutor pero con la intervención del menor que en cada caso proceda.”

De ahí que se indique que “La solicitud será también firmada por el menor, si tuviera más de doce años. Si el menor tuviera una edad inferior, deberá en todo caso ser oído por el encargado del Registro Civil, mediante una comunicación comprensible para el mismo y adaptada a su edad y grado de madurez”.

 No deben pagar justos por pecadores

La identidad sexual de las personas transexuales es igual de innata que la de las personas cisexuales, y además es igual de estable e invariable, por más que en aquéllas el sexo asignado al nacer no coincida con su identidad sexual. En el caso de los menores (sean cisexuales o transexuales) es igualmente estable e invariable. Sin embargo, desde diferentes ámbitos, se ha propagado la idea de que en el caso de los menores la identidad sexual no es lo suficientemente estable. En algunos ámbitos, incluso científicos, se han ido difundiendo unos porcentajes de supuestas “remisiones” o “reversiones” que la realidad ha ido evidenciando que son falsos y además interesados, al ser difundidos originariamente por quienes defendían la “cura” de la transexualidad. Ese argumento se ha venido usando en contra del reconocimiento del derecho a la identidad sexual de los menores trans, resultando que ante una mera posibilidad (infundada) de futura “remisión”, la consecuencia cierta era el menoscabo de los derechos fundamentales de los menores trans.

El mejor reflejo de la fuerza de infancia por conseguir vivir conforme a su identidad sexual es tal, lo constituyen los menores trans, que pese a los importantes obstáculos que han de superar en sus primeros años de vida (las personas que son la autoridad para el menor, como sus progenitores y profesorado, les insistirán de manera reiterativa que son “niños” o “niñas” porque tienen unos determinados genitales), sacan fuerzas para ir contra corriente. De ahí que nos resulte particularmente difícil de admitir que por una mala influencia paterna o materna, se pueda conseguir que alguien cuya identidad sexual es X, y que su sexo registral es X, esté dispuesto a vivir como si fuera Y, por esa supuesta presión. Nos parece casi imposible de conseguir, y si ocurriera, no sería más que manifestación de una situación en la que deben intervenir los servicios de protección del menor. Igual que deberían intervenir cuando algún progenitor impide el desarrollo de un menor trans conforme a su identidad sexual. Nos causa satisfacción que en la Instrucción se haya reflejado esa realidad:

“Quizás más relevante pueda resultar el alegado problema de la eventual inseguridad jurídica de los menores cuando sean sus padres quienes, en el ejercicio de la representación inherente a la patria potestad, decidan el cambio de nombre y de esta forma le puedan causar un daño grave, por no estar claramente consolidada esa vivencia por el menor del sexo que se le va a atribuir mediante el cambio de nombre. Tal argumento no debe, sin embargo, ser bastante. La realidad que se viene observando es que hay un número notable de menores que sienten esa disonancia de género desde una edad temprana, y los padres habitualmente tardan en comprender la situación de esos hijos, ya que es algo para lo que normalmente no están preparados. En consecuencia, cuando los padres toman la decisión de solicitar el cambio de nombre de su hijo o hija, la incongruencia de género es algo evidente y consolidado, por lo que no existe un riesgo real de que la solicitud se produzca en una situación inestable o incierta, de forma precipitada, y por tanto siendo susceptible de causar un daño al menor.

Se puede argumentar, como hipótesis, que no sería descartable el supuesto de que los padres tomaran la decisión de solicitar el cambio de nombre de forma precipitada e inconsciente, y que por tanto conceder ese cambio sería dañino para el menor. Frente a ello, debe tenerse en cuenta que ese supuesto sería muy excepcional, ya que no se conocen casos de reversión en la asignación al menor de un nombre del género por él sentido. Y, en cualquier caso, en la eventual hipótesis de que se pudiera dar un supuesto de esta clase, ello no debe ser motivo suficiente para denegar el cambio de nombre de forma generalizada, por dos motivos: Primero, porque no tendría fundamento que la evitación de algún eventual e hipotético caso aislado privar de este derecho a los que parecen ser miles de supuestos de menores de edad que lo desean, y que sufrirían, como se ha dicho, graves secuelas por no obtenerlo. Y segundo, porque en el supuesto de unos padres inconscientes o poco equilibrados que puedan con su actuación ocasionar daños al menor, probablemente no será este el único ámbito en que se los puedan ocasionar, y en todo caso la solución debería pasar por la actuación controladora de los servicios de protección de menores que en su ámbito geográfico puedan actuar, como de hecho lo vienen haciendo en numerosas ocasiones.”

No es necesario que el nombre sea neutro o ambiguo

Tras recordar cómo algunos (no la mayoría) encargados de Registros Civiles e incluso la DGRN ha venido exigiendo que el nombre solicitado sea neutro o ambiguo, expone el nuevo criterio de la DGRN, en la misma línea que venían  manteniendo la mayoría de los juzgados encargados de Registros Civiles, en la misma línea de flexibilizar la interpretación y requisitos para la autorización del cambio de sexo y de nombre que sigue nuestro Tribunal Supremo, y de acuerdo a los principios jurídicos que inspiran la nueva Ley del Registro Civil de 2011. Ese nuevo criterio consiste en atender al nombre autoatribuido, siendo solicitado conforme al procedimiento sencillo limitado igualmente a la mera declaración de la persona o sus representantes, según el principio de identidad sexual autopercibida:

“Tal solución no es, sin embargo, satisfactoria en modo alguno, si se tiene en cuenta que es frecuente que esos menores de edad se hayan autoatribuido un nombre correspondiente al sexo por ellos vivido, y lo hayan venido utilizando durante años. Y si, como se ha indicado, el derecho al nombre es un derecho de la personalidad, de profunda trascendencia para ella, forzar al niño o niña a cambiar su nombre por otro impuesto por la administración afectará sin duda de forma relevante al armónico desarrollo de ese menor, especialmente teniendo en cuenta la trascendencia que para él o ella habrá tenido la elección de su nombre deseado.

Por lo demás, en estos supuestos se produce una evidente contradicción entre dos exigencias impuestas en el mismo párrafo del art. 54, ya que en el mismo se prohíben tanto los nombres que objetivamente perjudiquen a la persona como aquéllos que induzcan a error en cuanto a su sexo, de modo que si se le forzara a la utilización de un nombre correspondiente a su sexo registral se le estaría imponiendo un nombre que le perjudicaría objetiva y muy gravemente.

A lo anterior se añade la consideración de que, si bien es cierto que se pretende imponer un nombre correspondiente a un género diferente del que resulta de la inscripción en el Registro Civil, y que de acuerdo con el art. segundo de la Ley en vigor el Registro Civil constituye la prueba de los hechos inscritos, cabe apreciar en estos casos la existencia de una prueba en contrario poco discutible. Debe analizarse cuál es el verdadero sexo correspondiente a las personas con disonancia de género, si el que viene dado por sus órganos genitales, que determinó que al nacer se le inscribiera como perteneciente al mismo, o el verdadera y profundamente sentido por dichas personas, y parece que la respuesta debería ser que este último, dada la apuntada prevalencia de los factores psicosociales. De este modo, no se produciría una absoluta contradicción con la exigencia del art. 54, de impedir el error en cuanto al sexo.

Se alega por último una razón de seguridad jurídica para impedir el cambio de nombre, con imposición de uno correspondiente a un sexo distinto del que resulta de la inscripción en el Registro Civil. Ello, sin embargo, no parece argumento suficiente para impedir la inscripción de un nombre que se corresponda con el sexo sentido por la persona. Por una parte, no puede alegarse que con ello se pueda dar lugar a confusiones, intencionadas o no, en la identificación de la persona: debe observarse, a este respecto, que el principal elemento identificador de la persona, por su eficacia para evitar errores y duplicidades, es el número del DNI (cuyo uso en la actualidad goza de una consolidación y controles muy superiores a los que se daban en el año 1957), que se hará constar en el asiento registral correspondiente, y que precisamente esa virtualidad identificadora del DNI permite muchos otros cambios de apellidos y de nombre, sin mayores problemas. Por otra parte, el rechazo al cambio de nombre en los términos que se prevén en esta Instrucción lesionaría otro valor jurídico de enorme calado, como es el derecho al pleno desarrollo de la personalidad, lo que daría lugar por tanto a una inseguridad jurídica de mucho mayor trascendencia para los sujetos afectados”.

Por todo ello, en la Instrucción se dan las dos siguientes “directrices para orientar la actuación de los encargados del Registro Civil, ante las solicitudes de cambio de nombre para la imposición de uno correspondiente al sexo diferente al que resulta de la inscripción de nacimiento:

Primero.

En el supuesto de que un mayor de edad o un menor emancipado solicitara el cambio de nombre, para la asignación de uno correspondiente al sexo diferente del resultante de la inscripción de nacimiento, tal solicitud será atendida, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, el solicitante declare que se siente del sexo correspondiente al nombre solicitado, y que no le es posible obtener el cambio de la inscripción de su sexo en el Registro Civil, por no cumplir los requisitos del art. 4 de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

 Segundo.

Los padres de los menores de edad, actuando conjuntamente, o quienes ejerzan la tutela sobre los mismos, podrán solicitar la inscripción del cambio de nombre, que será atendida en el Registro Civil, con tal de que ante el encargado del Registro Civil, o bien en documento público, los representantes del menor actuando conjuntamente declaren que el mismo siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado de forma clara e incontestable. La solicitud será también firmada por el menor, si tuviera más de doce años. Si el menor tuviera una edad inferior, deberá en todo caso ser oído por el encargado del Registro Civil, mediante una comunicación comprensible para el mismo y adaptada a su edad y grado de madurez”.

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